Como se acaba de anunciar el acuerdo tiene como objetivo brindar
seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; asegurar su
introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de
cumplimiento de este Acuerdo. Y lo hemos conseguido utilizando
herramientas de derecho internacional pero aplicando al mismo tiempo los
procedimientos internos propios del Estado de Derecho.
Toda negociación entre un Gobierno y una guerrilla enfrenta el
mismo problema: un acuerdo de paz es un acuerdo político. Requiere de
medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo.
Esas medidas incluyen una refrendación popular, que aún no ha sido
pactada en La Habana, y una serie de instrumentos jurídicos que permiten
la introducción en el ordenamiento jurídico colombiano del acuerdo de
paz.
Se trata entonces de construir una ruta compleja de formalización
jurídica del Acuerdo Final que se basa en las instituciones de nuestra
democracia y se apoya en diferentes instancias internacionales para
darle mayor solidez.
El Acuerdo Final, una vez que se firme y entre en vigor, tendrá la
categoría de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 Común a los
Convenios de Ginebra. Esto quiere decir que tanto el Gobierno como las
FARC comparten una idea crucial: la mejor forma de garantizar la
vigencia de los Derechos Humanos e impedir nuevas violaciones a causa
del conflicto interno es poner fin al mismo. Lo que buscamos en La
Habana es terminar la guerra. Terminar la guerra es el mejor modo de
garantizar los Derechos Humanos de los colombianos.
Un acuerdo Especial no es un tratado internacional y como señala el
DIH no confiere ninguna estatus jurídico especial a las partes. Por
tanto requiere de un procedimiento para su incorporación al ordenamiento
jurídico interno, mediante una ley del Congreso de la República que
apruebe el Acuerdo Final, como Acuerdo Especial, en desarrollo del
derecho a la paz que contiene nuestra Constitución.
A la vez, como se trata de cumplir con el mandato constitucional
sobre la garantía del derecho a la paz, el Acuerdo Final ocupará un
lugar privilegiado en el marco constitucional: ingresará al llamado
Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto y con carácter
transitorio. Es decir, servirá como parámetro de constitucionalidad para
el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de
los acuerdos.
Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el Gobierno
garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el
más alto nivel jurídico, esto es, dándole al Acuerdo Final la relevancia
extraordinaria que implica la terminación de la guerra, la apertura de
una etapa de consolidación de la paz, y proponiendo formalmente al
Congreso, que desde su legitimidad dictamine mediante el Acto
Legislativo que se está discutiendo en estos momentos, que se apruebe
este acuerdo.
Y desde la perspectiva de las FARC, igualmente además de darle la
bienvenida a estas ideas, aceptan que a ellas se les dé el trámite
dispuesto en el ordenamiento constitucional colombiano.
De igual modo y para atender la idea de que las víctimas están en
el centro de nuestra misión, el procedimiento legislativo especial que
está siendo discutido en el Congreso, se aplicará para incorporar al
ordenamiento constitucional expresamente el Acuerdo Final y en
particular el punto de Víctimas, acordado el pasado 15 de diciembre de
2015.
Se trata, en consecuencia, de un Acuerdo equilibrado que brinda
seguridad jurídica a lo acordado, algo que conviene a todos, a las FARC,
al Gobierno, a las víctimas y a los responsables de delitos. Y, a la
vez, se utilizan los mecanismos internos que impone el estado de derecho
constitucional.
Finalmente, el Acuerdo Final se entregará al Consejo Federal Suizo
en Berna como depositario de las Convenciones de Ginebra. Habrá también
una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones
Unidas citando la resolución del Consejo de Seguridad del 25 de enero de
2016, para que ese organismo de la bienvenida a lo acordado y anexe a
dicha Resolución del Acuerdo Final.
Este un Acuerdo sumamente importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La Habana.
Por su parte, el Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos
tendrán la última palabra. El Jefe de la Delegación de las FARC hace
pocos días abrió la puerta a una consulta popular. Es un anuncio que
registramos de manera positiva. Igualmente, la Corte Constitucional está
estudiando la ley que puso en marcha un Plebiscito para la Paz. En todo
caso, lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los
colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Esa
decisión será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes
mencionados.
Anunciamos además que seguimos trabajando intensamente en las
fórmulas para convenir el cese de fuego y hostilidades bilateral y
definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de
la guerrilla y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y
para todo el pueblo colombiano.
Queremos por último agradecer al Congreso de la República por el
extraordinario trabajo que ha realizado en el desarrollo del Acto
Legislativo que contiene el Procedimiento Legislativo Especial y que
será el instrumento para materializar lo acordado.
Confiamos en que pronto tengamos nuevas noticias positivas para la sociedad colombiana.
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