Comunicado sobre proyecto de Acuerdo 300.

El Comité Ejecutivo departamental de Alianza Verde en Antioquia invita a los concejales de esta colectividad a pedir el retiro del proyecto de Acuerdo 300 de febrero 2015.

Después de haber realizado una cordial reunión con los tres concejales del partido Alianza Verde, el comité ejecutivo consideró que la solicitud que hace el alcalde Aníbal Gaviria al Concejo de la ciudad mediante el proyecto de Acuerdo No 300, no es conveniente para la misma por las razones siguientes:

1. El Concejo Municipal es el ente que simboliza la democracia en la ciudad y entregar facultades omnímodas a un mandatario es tanto como entrar a desandar el camino que se ha emprendido desde la constitución del 91 en esa materia; proceder de esa manera termina reduciendo al órgano depositario de la soberanía local a un simple espectador en cuanto a la formulación de las políticas públicas, eso debilita y desdibuja el papel protagónico que debe jugar para orientar el rumbo de la ciudad; de facto, los concejales que así actúen estarían apartándose de los ciudadanos que depositaron su voto para representarlos.

2. Se considera que el alcalde debe radicar los proyectos que se requieran, soportados con los estudios técnicos necesarios, para que cursen el trámite correspondiente en esa corporación y así poder garantizar que los concejales puedan estudiarlos, hacer sus anotaciones y socializarlos con la ciudadanía; delegar en el ejecutivo no es conveniente ya que se estarían generando normas a espalda de la ciudadanía que exige mayor discusión en estos temas.

3. Las facultades solicitadas son de mucha trascendencia para el futuro de Medellín y tienen que ver con la creación de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado, pero también para modificar los existentes, y entre ellos, aquellos cuya competencia esté asignada legalmente al Concejo de Medellín, además, para realizar las modificaciones presupuestales necesarias. Si bien es cierto que el 11 de noviembre de 2014 con la aprobación del POT se declaró Medellín como un conglomerado público o gobierno corporativo cuyo fin es, “lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad”, su implementación requiere de una inspección rigurosa para que no se pongan en riesgo los fines misionales para los cuales fueron constituidos los entes descentralizados actuales y no se facilite su entrega a los intereses privados, lo cual se puede hacer modificando la composición accionaria o entregando su administración como sucedió con la fusión UNE –Milicom.

Lo que está en juego no es de poca monta. Tal como lo afirma el propio alcalde, “El conglomerado público de Medellín lo conforman 46 entidades, entre ellas 29 directas y 17 con socios estratégicos; cuenta con activos de $57 billones y un patrimonio de $33.3 billones (a diciembre 31 de 2014), además de un promedio de 67.000 empleos entre directos e indirectos. Este es el quinto Conglomerado más grande del país por tamaño de activos y el segundo en el sector público luego de Ecopetrol. Esta iniciativa cuenta con la asesoría del BID, el Banco Mundial, la CAF y representantes de las grandes multinacionales, lo que impone mucha discusión pública y aconseja no dejar esa trascendental decisión exclusivamente en manos de unos tecnócratas, la mayoría de las veces divorciados de los intereses públicos. Ese esquema de gobierno está en el contexto de la profundización en la aplicación del modelo económico neoliberal que solo ha traído pobreza, devastación del medio ambiente, pérdida del patrimonio de la nación y mayor desigualdad social en nuestro país. Es oportuno recordar que en el Congreso de la República hace tránsito un proyecto de ley encaminado a modificar el objeto social de las entidades prestadoras de servicios públicos en pro de que esos entes descentralizados puedan invertir en otras áreas de la economía abandonando sus fines primordiales como lo son la de proveer rentabilidad social ofreciendo servicios públicos domiciliarios a precios accesibles para la población.

4. Presentar un proyecto de acuerdo de esa naturaleza en un ambiente preelectoral genera mucha suspicacia por aquello de la posibilidad, muy real, de incidir en campañas electorales a través de favorecimientos a seguidores y aún a corporados.

5. La reciente experiencia en los casos de UNE-Millicom y la aplazada venta de las acciones de ISAGEN aconseja ser cauteloso con los cantos de sirena del alcalde Aníbal Gaviria. Si algo revela su gestión es la presteza para feriar el patrimonio público dejando el interés público en un segundo plano, apelando para ello a dudosos y sibilinos razonamientos técnicos de eficiencia administrativa.

6. Con base en las anteriores consideraciones, el Comité Ejecutivo de Alianza Verde en Antioquia invita a sus tres representantes en el Concejo de Medellín, a pedir el retiro del proyecto de Acuerdo 300 y, en caso de no ser atendida dicha petición a votar negativamente su aprobación.