Sectores alternativos de la política antioqueña
se agruparon para apoyar la refrendación de los acuerdos con las Farc
en caso de que haya plebiscito por el sí y por el no.
Los avances de la semana pasada en los
acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, dinamizaron
el optimismo de varios sectores políticos en Antioquia de que se
cristalice una salida negociada y pacífica con esa guerrilla.
Por tal motivo se comenzó a mover una campaña de promoción por el
sí en este territorio en caso, como todo parece, de que se lleve a cabo
una refrendación popular por medio de un mecanismo de participación
como el plebiscito.
Fue así como ayer defensores del proceso y del sí llevaron a cabo
una primera reunión para explicar los detalles de lo que ya comenzaron a
denominar “Alianza en Antioquia por el sí a la paz”.
Eso
de que las autoridades locales eran convidados de piedra y las
comunidades solo se enteraban de un proyecto minero cuando un
helicóptero, con antena, sobrevolaba a baja altura el territorio o
empezaba a llegar personal a la zona, podría ser historia en los
próximos días.
Si bien no se conoce el contenido ni las reglas jurisprudenciales que se derivarán del fallo de la Corte Constitucional, que esta semana declaró inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas (ley 685 de 2001), el sentido del mismo fue celebrado por alcaldes y concejales de diversas regiones del país.
La decisión es transcendental, en cuanto abrió el debate sobre la prohibición que tienen las autoridades regionales, seccionales o locales de excluir temporal o permanentemente zonas de su territorio para el ejercicio de actividades mineras.
Si bien no se conoce el contenido ni las reglas jurisprudenciales que se derivarán del fallo de la Corte Constitucional, que esta semana declaró inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas (ley 685 de 2001), el sentido del mismo fue celebrado por alcaldes y concejales de diversas regiones del país.
La decisión es transcendental, en cuanto abrió el debate sobre la prohibición que tienen las autoridades regionales, seccionales o locales de excluir temporal o permanentemente zonas de su territorio para el ejercicio de actividades mineras.







