El
fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 37
de Código de Minas, le permitirá a las autoridades territoriales
incidir en el desarrollo minero en sus municipios.
Eso
de que las autoridades locales eran convidados de piedra y las
comunidades solo se enteraban de un proyecto minero cuando un
helicóptero, con antena, sobrevolaba a baja altura el territorio o
empezaba a llegar personal a la zona, podría ser historia en los
próximos días.
Si bien no se conoce el contenido ni las reglas jurisprudenciales que se derivarán del fallo de la Corte Constitucional, que esta semana declaró inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas (ley 685 de 2001), el sentido del mismo fue celebrado por alcaldes y concejales de diversas regiones del país.
La decisión es transcendental, en cuanto abrió el debate sobre la prohibición que tienen las autoridades regionales, seccionales o locales de excluir temporal o permanentemente zonas de su territorio para el ejercicio de actividades mineras.
Pero el camino para la revisión de este artículo no lo abrió el Congreso. El concepto que hoy tiene preocupados a empresarios de la minería y que el ministro de Minas, Germán Arce, intenta bajarle perfil, fue generado ante una demanda presentada por cinco estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Ninguno de ellos supera los 25 años y algunos son oriundos de regiones en las que las organizaciones de base se han opuesto en los últimos años al desarrollo de ciertos proyectos mineros, por considerarlos contrarios a su vocación económica y cultural.
En otras palabras, conocen de primera mano el conflicto territorial que existe entre comunidades y multinacionales, y la impotencia de alcaldes, concejales y líderes al no tener mayor margen de acción.
La idea de demandar el artículo 37 nació en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, donde hace un año decidieron hacer su práctica académica Yorman Torres, Luis Guillermo Osorio, Damián Ramírez, Miguel Arias y Juan David Franco.
El grupo es coordinado por otra joven abogada, especialista y magíster en Derecho de la misma Alma Máter, Diana Carolina Sánchez, quien de entrada afirmó que no se oponen a la minería, sino a su desarrollo inconsulto con las poblaciones implicadas. “La minería no se puede desarrollar de cualquier manera y en cualquier parte”, anotó.
Trabajo de doce meses
Lo primero que hizo el equipo, relató Sánchez, fue delimitar la problemática a estudiar: el reparto de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para el ejercicio de la minería.
Encontraron varias contradicciones. Por ejemplo, la ley 1454 de 2011, que actualizó el ordenamiento territorial, estableció que las comunidades pueden regular los usos de sus suelos, pero el Código Minero dice algo diferente.
Acto seguido conocieron, en detalle, las tres demandas de inconstitucionalidad que en el pasado se hicieron contra el mismo artículo, y las respuestas que dio la Corte al rechazar las solicitudes.
Jugó a favor que, pese a estos antecedentes, no había cosa juzgada absoluta sino relativa, es decir, la Corte dejó abierta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento siempre y cuando existieran argumentos diferentes.
Según Sánchez lo nuevo que encontraron fue que el artículo 37 hacía parte de una ley ordinaria, y no de una ley orgánica, que requiere mayor debate y participación, como lo dispuso el Constituyente sobre casos relacionados con las competencias territoriales.
Elaboraron tres proyectos de demanda y fueron perfilando uno a uno en reuniones semanales. También vincularon colectivos y municipios al proceso de estudio. En octubre del año pasado la Corte admitió la demanda, y previo concepto favorable de la Procuraduría, la semana pasada el tribunal le dio la razón a los ya casi abogados, hoy vistos como héroes en su facultad.
De acuerdo con Luis Guillermo Osorio, uno de los demandantes, el artículo no se cayó por un vicio de forma, como dijo el ministro Arce, sino de materia, porque de lo contrario ya habría pasado el año límite para ejercer el control de constitucionalidad.
Aparte del logro académico, para Osorio lo más satisfactorio para él y los demás estudiantes, es que reabrieron la discusión sobre la importancia de que los actores locales puedan decidir la suerte de sus territorios.
Fuente: elcolombiano.com
Si bien no se conoce el contenido ni las reglas jurisprudenciales que se derivarán del fallo de la Corte Constitucional, que esta semana declaró inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas (ley 685 de 2001), el sentido del mismo fue celebrado por alcaldes y concejales de diversas regiones del país.
La decisión es transcendental, en cuanto abrió el debate sobre la prohibición que tienen las autoridades regionales, seccionales o locales de excluir temporal o permanentemente zonas de su territorio para el ejercicio de actividades mineras.
Pero el camino para la revisión de este artículo no lo abrió el Congreso. El concepto que hoy tiene preocupados a empresarios de la minería y que el ministro de Minas, Germán Arce, intenta bajarle perfil, fue generado ante una demanda presentada por cinco estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Ninguno de ellos supera los 25 años y algunos son oriundos de regiones en las que las organizaciones de base se han opuesto en los últimos años al desarrollo de ciertos proyectos mineros, por considerarlos contrarios a su vocación económica y cultural.
En otras palabras, conocen de primera mano el conflicto territorial que existe entre comunidades y multinacionales, y la impotencia de alcaldes, concejales y líderes al no tener mayor margen de acción.
La idea de demandar el artículo 37 nació en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, donde hace un año decidieron hacer su práctica académica Yorman Torres, Luis Guillermo Osorio, Damián Ramírez, Miguel Arias y Juan David Franco.
El grupo es coordinado por otra joven abogada, especialista y magíster en Derecho de la misma Alma Máter, Diana Carolina Sánchez, quien de entrada afirmó que no se oponen a la minería, sino a su desarrollo inconsulto con las poblaciones implicadas. “La minería no se puede desarrollar de cualquier manera y en cualquier parte”, anotó.
Trabajo de doce meses
Lo primero que hizo el equipo, relató Sánchez, fue delimitar la problemática a estudiar: el reparto de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para el ejercicio de la minería.
Encontraron varias contradicciones. Por ejemplo, la ley 1454 de 2011, que actualizó el ordenamiento territorial, estableció que las comunidades pueden regular los usos de sus suelos, pero el Código Minero dice algo diferente.
Acto seguido conocieron, en detalle, las tres demandas de inconstitucionalidad que en el pasado se hicieron contra el mismo artículo, y las respuestas que dio la Corte al rechazar las solicitudes.
Jugó a favor que, pese a estos antecedentes, no había cosa juzgada absoluta sino relativa, es decir, la Corte dejó abierta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento siempre y cuando existieran argumentos diferentes.
Según Sánchez lo nuevo que encontraron fue que el artículo 37 hacía parte de una ley ordinaria, y no de una ley orgánica, que requiere mayor debate y participación, como lo dispuso el Constituyente sobre casos relacionados con las competencias territoriales.
Elaboraron tres proyectos de demanda y fueron perfilando uno a uno en reuniones semanales. También vincularon colectivos y municipios al proceso de estudio. En octubre del año pasado la Corte admitió la demanda, y previo concepto favorable de la Procuraduría, la semana pasada el tribunal le dio la razón a los ya casi abogados, hoy vistos como héroes en su facultad.
De acuerdo con Luis Guillermo Osorio, uno de los demandantes, el artículo no se cayó por un vicio de forma, como dijo el ministro Arce, sino de materia, porque de lo contrario ya habría pasado el año límite para ejercer el control de constitucionalidad.
Aparte del logro académico, para Osorio lo más satisfactorio para él y los demás estudiantes, es que reabrieron la discusión sobre la importancia de que los actores locales puedan decidir la suerte de sus territorios.
Fuente: elcolombiano.com
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