sábado, 4 de junio de 2016

Razones para apoyar el proceso de paz y su refrendación.



Por: Javier Sánchez.

A medida que se acerca la firma de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla que podrían significar el fin del conflicto armado en Colombia arrecian las voces de quienes se oponen a la paz, unas veces mediante la convocatoria a marchas como la convocada por el senador Álvaro Uribe el pasado 2 de abril y otras a través de la abierta invitación a obstaculizar la restitución de las tierras a los campesinos desalojados y desplazados como lo han hecho el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie y el procurador Alejandro Ordoñez, sin dejar de mencionar la extraña coincidencia del paro armado ordenado por el Clan Usuga y que tuvo como epicentro el eje Córdoba-Antioquia-Chocó. Unas y otras, son expresiones de una calculada estrategia para ponerle palos en la rueda al proceso de paz.


Los sectores sociales no podemos permanecer al margen del debate planteado. Por el contrario, se hace necesario que de manera responsable y organizada demos a conocer nuestros puntos de vista frente a un tema tan crucial que definirá el futuro del país. En dicha controversia Renovación Sindical toma una clara postura de respaldo al proceso de conversaciones con las Farc y ahora con el ELN.

Precisiones fundamentalesPara evitar ser tergiversados, unas precisiones iniciales se vuelven indispensables: En primer lugar, nuestro apoyo a los diálogos no significa que seamos proclives a esas guerrillas o a las expresiones políticas o sindicales cercanas a esas organizaciones insurgentes. Por el contrario, tenemos una larga tradición de rechazo a su tristemente famosa teoría de la “combinación de todas las formas de lucha” y de crítica a la tesis defendida por farianos y elenos según la cual en Colombia había condiciones para la insurrección armada. Francisco Mosquera, nuestro fundador y líder, no dudó en señalar que dichas posturas políticas constituían el principal obstáculo al avance del proceso revolucionario.

Y así como no somos cercanos a esas insurgencias tampoco somos santistas. Y por ello, el apoyo al proceso de paz no significa la renuncia a las reivindicaciones populares y sociales, así como a las de los trabajadores. Seguimos afirmando que el gobierno Santos debe cumplir los compromisos adquiridos con el movimiento sindical y mantenemos nuestro rechazo a su política económica neoliberal, entre ellas, a la privatización del patrimonio público así como a la anunciada reforma tributaria.

Nuestra complacencia con los diálogos de La Habana tampoco obedece a que tengamos una posición pacifista de principios en el sentido de querer evitar a ultranza los conflictos, más cercana a una postura de tipo religioso. A diferencia de ello, reconocemos el carácter dialéctico y contradictorio de la realidad lo que reafirma nuestra convicción de que es la lucha de contrarios la que dinamiza la realidad y la vida política, en particular. Negar la naturaleza contradictoria de la realidad y de la política no pasa de ser una quimera. Sin embargo, sostenemos que la forma de resolver esas contradicciones no es a través de la violencia física o el uso de las armas sino a través de la confrontación dialéctica de ideas y posiciones políticas.

Razones para el apoyo a la paz¿Cómo se explica la paradoja de no sentirnos representados por ninguno de los actores de las conversaciones de paz y que estemos defendiendo el proceso y la necesidad de apoyar su refrendación? La razón principal es queestamos convencidos de las ventajas que tienepara el país y para los movimientos sociales la firma de un acuerdo que ponga fin aun conflicto armado de más de medio siglo y que inaugure una nueva etapa en el devenir político del país en el que se erradique la violencia como forma de resolver las controversias.

Mencionemos algunas de esas razones: El país ha vivido un conflicto de más de medio siglo que ha afectado enormemente la consolidación de la democracia y las posibilidades de que los procesos transformación social y económica se puedan constituir en una alternativa. En ese sentido, hay que superar la “excepcionalidad” del caso colombiano, expresada en que nos mantenemos  como uno de los pocos países de América Latina donde no ha sido posible el triunfo electoral de un gobierno  alternativo fenómeno que se atribuye a la prevalencia de la violencia de distinto origen. Con el fin del conflicto se acerca la posibilidad de ese gobierno alternativo en Colombia.

Aparte de ello, las organizaciones políticas de la izquierda democrática y el movimiento sindical en particular hemos sido unas de las principales víctimas de la violencia cruzada por parte del Estado y de las organizaciones insurgentes o paramilitares. Al movimiento sindical, por ejemplo, no solo ha debido enfrentar una legislación adversa y la política antisindical del Estado y de los empresarios lo que lo ha llevado a su práctica extinción sino que  ha aportado el mayor número de líderes asesinados. No en vano, se habla delsindicalismo en Colombia como una de las profesiones de más alto riesgo a nivel mundial. La paz, en ese sentido,  es una oportunidad para que el sindicalismo colombiano se reconstruya y aumente la tasa de sindicalización. Y, con el fin del conflicto, las luchas sociales y reivindicativas del pueblo colombiano tendrán un mayor espacio para desarrollarse en un ambiente democrático.

No podemos dejar de mencionar que parte de esa tragedia se debió a la perversa influencia de las organizaciones insurgentes sobre no pocas organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles. En muchos casoslas organizaciones sociales, sus dirigentes  y reivindicacionesfueron puestos al servicio de las tácticas insurgentes con nefastos resultados: la lucha reivindicativa y política ha sido estigmatizada, muchos líderes sociales pagaron con su vida esos vínculos y muchos otros colombianos renunciaron a participar en dichas luchas, espantados por el discurso extremoizquierdista que privilegiaba las acciones intrépidas o violentas en contra de una verdadera organización. El proceso de paz es una excelente oportunidad para eliminar esa perversa interferencia que ha desnaturalizado los movimientos sociales y los ha dejado expósitos a la retaliación violenta de los actores armados. La influencia de los alzados en armas no se ha limitado a la orientación ideológica y política, también ha tenido una expresión en los métodos para hacer la política, asunto en el que, con pequeñas diferencias, se dan la mano con las organizaciones paramilitares: el argumento de la fuerza por encima de la fuerza de los argumentos, la práctica de la extorsión y el secuestro, la voladura de la infraestructura productiva del país, el reclutamiento de niños, el atentado terrorista y el asesinato de los contradictores políticos, entre otros. Todas estas prácticas, cuyos principales damnificados han sido las gentes sencillas del pueblo, deben ser desterradas por completo de la vida política colombiana y el fin del conflicto es una buena ocasión para ello.

Esa nefasta influencia no ha sido exclusiva en la lucha gremial. En el terreno de la política nacional es bien sabido que las Farc han terminado imponiendo con su accionar a los últimos presidentes de la república: a Andrés Pastrana con el señuelo de la paz, a Álvaro Uribe como respuesta a las atrocidades de las Farc y a Juan Manuel Santos, nuevamente con la esperanza de la paz. Ya es hora que la política nacional deje de girar en torno al tema de la violencia y sus distintas manifestaciones.

En otro ámbito de análisis, sin desconocer la perversa alianza de políticos, empresarios y ganaderos, narcotraficantes y agentes del Estado que le dio vida a los grupos paramilitares es bueno recordar que estos surgieron como una reacción a prácticas de las guerrillas  como el boleteo, el chantaje, la extorsión y el secuestro, entre otras. El regreso de las Farc y el ELN a la vida civil y su abandono de estas prácticas deberán dejar sin justificación la existencia de los grupos paramilitares y de la alianza macabra que les dio origen. A nivel político dicha alianza ha tenido una expresión: el uribismo. La importancia y consolidación de esta fuerza política, que mantiene una importante presencia en el país y especialmente en Antioquia ha estado desde sus inicios directamente relacionada con las acciones de las Farc contra la población civil. Cada atropello de éstas ha significado automáticamente un nuevo aire a las posiciones guerreristas del uribismo. Son estas acciones las que han permitido que el uribismo mantenga un importante apoyo popular y se haya erigido en el principal obstáculo para una salida política negociada al conflicto. Es fácil concluir que el fin del conflicto y la reinserción de las Farc y el ELN dejarán sin fundamento y sin una de sus fuentes de inspiración a la propaganda uribista.

La persistencia del conflicto y la degradación del mismo a lo largo del último medio siglo constituyen la mejor prueba de la equivocada táctica de “la combinación de las formas de lucha” y de la errónea tesis acerca de que la revolución se encontraba “a la vuelta de la esquina”. La suscripción de los acuerdos entre el gobierno y la insurgencia ponen de presente el rotundo fracaso de ambas. Los trabajadores colombianos, unos de los principales objetivos de esas tácticas equivocadas, debemos ayudar a darles la sepultura que se merecen. Medio siglo de conflicto y confrontación armada han significado la pérdida de una generación completa. Son innumerables los hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que han encontrado la muerte como resultado del conflicto. Un importante porcentaje de esas vidas perdidas las ha aportado el movimiento sindical.

En el terreno económico, el crecimiento del país deberá aumentar en un ambiente de paz. Y aunque los beneficios de ese mayor crecimiento no beneficiarán de manera automática a los colombianos más desvalidos, el fin del conflicto, como ya se ha dicho, brindará mejores condiciones para luchar porque las mieles de la prosperidad económica se distribuyan más equitativamente entre todos los segmentos de la población.

A pesar de todas las ventajas descritas la refrendación popular a los acuerdos de paz no está asegurada.La paciencia de los colombianos se ha reducido con el paso de una prolongada  negociación que es vista por muchos como una maniobra dilatoria por parte de la guerrilla, sin dejar de mencionar sus torpes actuaciones como el ejercicio de pedagogía armada realizado en la Guajira. Del lado del gobierno las cosas tampoco son mejores y hoy Santos registra la más baja popularidad desde que se instaló en la Casa de Nariño. Como respuesta a ese hecho el gobierno presentó el proyecto de ley que establece el plebiscito como acto refrendatorio de los acuerdos de La Habana reduciendo significativamente el porcentaje de votos que se necesita para ser ratificado. Sin embargo, insistimos, su obtención no está totalmente garantizada y, por ello, el aporte de los trabajadores organizados puede llegar a ser decisivo como lo fue para impedir el triunfo electoral del candidato del uribismo en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales. Lo que es palpable es un abierto cansancio y agotamiento de la opinión pública por la prolongación excesiva de los diálogos y el incumplimiento de la fecha del 23 de marzo, como la fecha de suscripción de los acuerdos definitivos entre el gobierno y las Farc. Reflejo de ello fue la marcha uribista del 2 de abril que, sin ser multitudinaria sí evidencia un importante apoyo ciudadano al uribismo, hecho especialmente incontrastable en Medellín y Antioquia.

¿De qué forma participar?Descritas las ventajas que tendría para los trabajadores  colombianos apoyar el fin del conflicto surge el interrogante de cómo participar y el mejor momento para hacerlo. Comencemos por esto último.La firma de los acuerdos y la posterior refrendación de los mismos crea automáticamente un ambiente de agitación y debate generalizado entre la población sobre la pertinencia o no de los acuerdos, sobre sus bondades, sobre los ‘sapos’ que será necesario tragarse como condición para que el conflicto termine, sobre la refrendación de los mismos o su negación, sobre la necesidad de construir una cultura de paz, etcétera. Ese clima de agitación política, similar al de los procesos electorales tradicionales, le permite a organizaciones sindicales y sociales convocar asambleas y visitar todos los rincones del departamento con el propósito de plantear nuestra posición sobre la paz, pero también nuestra visión del modelo de desarrollo y de sociedad para el posconflicto. No podemos desaprovechar esa inmensa oportunidad que se nos presenta. Si afirmamos que el fin del conflicto acerca las posibilidades de un gobierno alternativo en Colombia y de gobiernos similares en cada uno de los departamentos de la geografía nacional, debemos contribuir a generar las condiciones políticas y de organización para ese reto. Lo anterior no significa que dicha oportunidad se haga efectiva de manera espontánea ni que los frutos de esa nueva situación maduren solos. ¡Hay que ayudarlos a madurar! Por ello, el momento para participar de este proceso debe ser ya, sin demoras y sin titubeos. El movimiento sindical debe ser protagonista del posconflicto. Independientemente del mecanismo de refrendación de los acuerdos que se escoja (consulta,  referendo, plebiscito o constituyente) el posconflicto significará una alteración profunda de la vida política y un proceso de reformas institucionales en las que debemos tratar de incidir. No podemos dejar su implementación exclusivamente en las manos de la derecha neoliberal o del uribismo rampante. Debemos disputarnos un espacio en esas transformaciones.

Hay muchas posibilidades para participar. La principal y básica es poner en sintonía a toda nuestra militancia y amigos en torno a estos puntos y difundir nuestra posición lo más ampliamente posible. Sin embargo, reconociendo como bastante limitado nuestro ámbito de influencia debemos potenciarlo a través de la conformación de un amplio bloque político, el Bloque Antioqueño por la paz, que se imponga como tarea salir a recorrer los 125 municipios del departamento y los barrios de las principales ciudades con el fin de exponer nuestros puntos de vista sobre la paz y sobre la necesidad política de contribuir a la refrendación de los acuerdos y que logre contrarrestar con posibilidades de éxito la influencia del uribismo en el departamento. Lo ideal sería conformarlo con todas aquellas organizaciones sociales y partidos políticos que estén comprometidos con la paz. Ello nos permitiría unificar esfuerzos con las fuerzas no uribistas del departamento. Esta confluencia podría plantearse seriamente el reto de derrotar al uribismo en su cuartel general lo cual es sumamente importante para el futuro de la política en Antioquia. Por todo lo anterior, desde estas páginas proponemos públicamente la creación del Bloque Antioqueño por la paz.

Otros escenarios en que podemos y debemos participar son:en la pedagogía sobre la inutilidad de la guerra, en la pedagogía de los acuerdosy en la necesidad de refrendación de los mismos, en la formación política para la paz, en la vinculación y fortalecimiento de las organizaciones sociales, entre otros. La participación en todos estos escenarios requiere, sin embargo, la comprensión de los Acuerdos de La Habana y de la necesidad de su refrendación. Para este propósito resulta de enorme utilidad una plataforma virtual creada bajo el liderazgo de Viva la Ciudadanía pero de la que ya participan cerca de 80 organizaciones, denominada “Común Acuerdo”y que invitamos a visitar: www.comunacuerdo.co

Necesidad de la refrendación de los acuerdos. Hasta hace poco se habían planteado dos posturas: la del gobierno nacional que insiste en la refrendación mediante un plebiscito y la de quienes desde orillas opuestas (las Farc y el Centro Democrático) proponen una Asamblea Constituyente (AC). Sin embargo, hace algunassemanas el ex fiscal Montealegre sostuvo que los acuerdos no requerían de ningún tipo de refrendación y,en consonancia, le pidió a la Corte Constitucional tumbar el plebiscito por la paz aduciendo que el presidente Santos tiene las facultades constitucionales para hacer cumplir los acuerdos sin necesidad de un resultado electoral. A pesar de que puede asistirle razón jurídica al ex fiscal y que la refrendación puede ser innecesaria desde el punto de vista legal, creemos que sí es necesaria su refrendación por razones políticas, pues se hace indispensable “arropar” con un manto de legitimidad dichos acuerdos. Como bien lo señala el constitucionalista RodrigoUprimny, “La refrendación no busca decidir si los ciudadanos tenemos o no derecho a la paz, lo cual sería ilegítimo, sino de votar una expresión y desarrollo controvertido de este derecho, que es el acuerdo de paz”[1].¿Cuál es, entonces, la mejor vía: el plebiscito o la Constituyente? Con relación al primero, cabría señalar que el presidente puede querer, a la sombra de los acuerdos, buscar un apoyo plebiscitario a toda su gestión, lo cual no corresponde a la realidad y resultaría altamente inconveniente. Por el otro lado, tanto las Farc como el uribismo apoyan la opción constituyente pues pretenden que, mediante este mecanismo, se pueda “refundar” la patria bajo sus propios principios. Los primeros pretenden conquistar por esta vía lo que no lograron mediante la lucha armada ni en la mesa de negociaciones de La Habana. Los segundos, añoran revivir el Estado comunitario uribista y blindar a todos sus miembros contra la actuación de la justicia. Aparte de los requisitos que plantea desde el punto de vista del respaldo electoral esta salida podría terminar generando un monstruo, pues nadie puede asegurar de manera anticipada el rumbo que tomaríala constituyente. Según Uprimny, la Asamblea Constituyente implicaría “no sólo reabrir la discusión de lo acordado, sino que generaría además enormes incertidumbres y podría abrir una caja de pandora que arrase los avances de la Constitución de 1991”[2]. Lo anterior es más evidente al valorar lo acontecido el pasado 2 de abril cuando la ultraderecha decidió poner en práctica la “combinación de todas las formas de lucha” mediante la coordinada realización de marchas en las principales capitales y la realización del paro armado en el eje Antioquia-Córdoba-Chocó. Pareciera, entonces, que la salida debiera ser intermedia: una consulta específica inmediata (no plebiscitaria) que refrende exclusivamente los acuerdos y los legitime sin descartar en un mediano plazo una asamblea constituyente que pueda incorporar todas las modificaciones institucionales que el posconflicto requiera. Para la ilustración de esta alternativa resulta especialmente útilseguir el análisis de Uprimny: “una AC es jurídicamente problemática para refrendar ágilmente un acuerdo de paz pues no solo su convocación es pesada y toma mucho tiempo, sino que el riesgo de que fracase es grande pues requiere superar un umbral muy alto. (…)pone en riesgo la paz y amenaza destruir los avances democráticos de los últimos años. Pero además es innecesaria pues existen mejores mecanismos para lograr las garantías jurídicas para el cumplimiento del acuerdo (…). La alternativa puede ser entender la refrendación no como un acto único, sino como un proceso, que combine una votación ciudadana tipo consulta popular especial, que confiera legitimidad política al acuerdo de paz y permita a su vez jurídicamente la puesta en marcha de mecanismos especiales para dotar de fuerza jurídica al acuerdo y lograr su rápida implementación. Esta combinación de pasos, acompañada de un amplio acuerdo político a favor de la paz, haría prácticamente irreversible la paz acordada.”[3]

Colofón
El país vive un momento de quiebre y los trabajadores organizados no podemos permanecer al margen de ese acontecimiento. Un papel activo de nuestra parte es fundamental para contribuir a darle sepultura a medio siglo de violencia fratricida que ha impedido el florecimiento de la lucha social y el advenimiento de un gobierno alternativo que nos permita superar la “excepcionalidad” colombiana e inaugurar una nueva etapa en nuestra historia político. La forma de hacerlo es brindando un respaldo generoso y sin titubeos a los acuerdos de paz, sin renunciar a las reivindicaciones propias del movimiento sindical ni a la lucha y protesta social: El futuro nos pertenece.

Por el apoyo al proceso de paz y contra la política económica y social del gobierno Santos, ¡¡Viva el 1° de Mayo!!







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